Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID) Hace Propuesta y Recomendación sobre Regularización y Repatriaciones de Migrantes.

PROPUESTA DEL SERVICIO SOCIAL DE IGLESIAS DOMINICANAS (SSID) SOBRE PROCESO DE REGULARIZACION Y REPATRIACIONES DE MIGRANTES.

Este Documento fue publicado en Pagina del Periódico Hoy del 11 de junio 2015

»Recomendaciones y propuestas de solución al registro, repatriación de Inmigrantes y documentación de personas nacidas en territorio Dominicano de padres extranjeros»

La afluencia de inmigrantes haitianos en territorio dominicano y la presencia de una comunidad de personas nacidas de origen haitiano en la República Dominicana, en gran medida indocumentados, ha generado en la actualidad una serie de preocupaciones sobre la dignidad humana y el impacto en dichas poblaciones en la vida pública nacional que demandan soluciones viables y justas en el marco de la defensa de los derechos humanos y la soberanía nacional.

En ambos casos, es justo reconocer, que tanto las familias de inmigrantes como las personas nacidas en territorio dominicano de padres extranjeros, han realizado sustanciales aportes a la economía, sociedad y cultura de República Dominicana; al mismo tiempo que han sufrido violaciones de sus derechos humanos y nacionales.

En las últimas administraciones gubernamentales se ha procurado contribuir a la búsqueda de soluciones a tales problemáticas mediante la elaboración del reglamento No. 631-11 emitido el 19 de octubre de 2011 de aplicación de la Ley general de migración No. 285.04; el Decreto No. 327-13 sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la Republica Dominicana dictado el 29 de noviembre de 2013; la Ley 169-14 elaborada el 23 de mayo de 2014  que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano sobre Naturalización.

Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Interior y Policía ha informado que alrededor  de 70,000 inmigrantes, es decir un 35% de los 200,000 solicitantes de documentos de regularización de estadía en el territorio de la Republica Dominicana, han calificado para la otorgación de documentos de inmigración, por consiguiente, restaría un grupo de alrededor de 130,000 inmigrantes que tendrían que completar su documentación para obtener uno de los tipos de residencia, (cifra equivalente a 12% del total de 524,632 de la población de inmigrantes en República Dominicana de los cuales 458,233 son de Origen Haitiano según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI 2012).

Así mismo, la Junta Central Electoral, ha identificado 60,089 personas, incluyendo 41,133 de dominico-haitiano, a los que se les ha revisado los expedientes de lugar; iguales sucesivamente al 24% de la población de origen extranjero y el 20% de la población dominico-haitiana, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, ENI 2012. Ese total de expedientes se distribuye de la siguiente manera: 27,510 autorizados, 25,378 transcritos y 4,371 requeridos de mayor información.

Ante esta situación, el Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), organización representativa de los diversos concilios protestantes del País e  instituciones para-eclesiales, requiere el cumplimiento de la Constitución de la Republica Dominicana específicamente los artículos 18 sobre la nacionalidad, 19 sobre la naturalización  y los artículos 37-75 sobre los derechos fundamentales de todas las personas, a fines de contribuir con la solución tanto de dificultades afrontadas por Inmigrantes Haitianos como Dominico-Haitianos.

El SSID reconoce el derecho Soberano de las Autoridades del Estado Dominicano de formular y aplicar tanto políticas como programas de migración; revindica el respeto de los derechos migratorios establecidos en la legislación y regulación nacional, y hace un llamado a todos los dominicanos y dominicanas, instituciones estatales, públicas, privadas y cívicas a unir esfuerzos y buscar alternativas de solución a los desafíos presentados por las comunidades de migrantes extranjeros y Dominico-Haitianos.

En tal virtud, el Servicio Social de Iglesias Dominicanas (SSID), luego de consulta realizada en fecha 26 de mayo 2015 con participación de varias organizaciones y personas representantes de diferentes redes y organizaciones religiosas, cívicas y académicas (Centro de Estudios Dominico Haitianos-CEDH del SSID/INTEC , Concilio de Iglesia Cristiana Reformada en América, Iglesia Episcopal Dominicana,  Mesa Nacional de Migraciones y Refugiados-MENAMIRD, Centro Dominicano de Asesoría y Servicio Legales -CEDAIL, Servicio Social de Iglesias Dominicanas-SSID, y  Manuel de Jesús Deandrés-consultor independiente y Lourdes Antuan F.-Consultora independiente), formulamos  las siguientes sugerencias y propuestas:

En el Periodo Final del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE):

1. Facilitación de más recursos humanos y materiales a los principales centros de registro de inmigrantes (incluido la mejoría o actualización de los equipos biométricos y disposición de mayor número policías y/o militares para la organización de los solicitantes, que permita el logro del mayor número posible de inscritos) en Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Dajabón, Valverde y San Francisco de Macorís;
2. Contratación de más notarios públicos para certificar los documentos de regularización;
3. Fortalecimiento de la campaña de información y de consejería a los inmigrantes a través de los distintos medios de comunicación;
4. Ejecución de un programa especial de registro para los trabajadores de las empresas constructoras, cañeras, bananeras, cafetaleras, turística, trabajadores domésticos, entre otras, en la cual se encuentran una gran aglomeración de inmigrantes.

En el lapso de la Repatriación:

1. Cumplimiento estricto del artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana acerca de la tutela judicial efectiva y el debido proceso a toda persona incluyendo inmigrantes extranjeros.
2. Aplicación del »Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre la Republica Dominicana y la Republica de Haití, suscrito el 2 de noviembre de 1999», (que trata en específico de: la hora y día de deportación; el respeto de no separar a las familias nucleares; las repatriaciones se realicen exclusivamente por los puntos fronterizos de Jimaní/Malpasse, Dajabón/Ouanaminthe, Elías Piña/Bellader y Pedernales/Ansa-a-Pietri; el reconocimiento de las autoridades dominicanas del derecho de los migrantes de conservar sus documentos legales y copia de orden de repatriación; comunicar previamente a autoridades haitianas las listas de personas repatriadas; establecer puestos de control migratorio en la frontera dominico-haitiana.)
3. Instalación de centros de retención adecuados de extranjeros indocumentados hasta el cumplimiento del debido proceso de repatriación que reúnan las condiciones humanas y materiales adecuadas; y conducción por vehículos apropiados a sus respectivos países de origen, formulación y ejecución de una campaña de los planes de trabajo de las autoridades dominicanas sobre la defensa y garantía de los derechos humanos, migratorios y laborales de inmigrantes extranjeros en República Dominicana. Constitución de un veeduría sobre repatriados e inmigrantes.

Personas nacidas en territorio dominicano:

1. No repatriación de  ninguna persona nacida en territorio dominicano hasta no encontrar una solución para esta población.
2. Ejecución de programas especiales de solución para menores de edad auto declarados como dominicanos pero con acta de nacimiento haitianas, personas nacidas en territorio dominicano de padre extranjero y madre dominicano, o de madre extranjera y padre dominicano, personas nacidas en territorio dominicano menores de 18 años, más de 65 años, discapacitadas o con graves enfermedades.
3. Instalación o adecuación de laboratorios para prueba de parentesco por ADN, sólo en los casos en que sea el padre dominicano y madre haitiana o madre dominicana y padre haitiano.

Sobre la Legislación nacional e institucionalización:

1. Aplicación la ley 285-04 sobre migración y el código de trabajo ley 16-92.
2. Continuidad del proceso de registración a personas deportadas, que corresponde al 65% de la población total solicitante de documentos de regularización, a condición de que reúnan los requisitos estipulados por la Ley de migración y los documentos oficiales requeridos para obtener una de las categorías de residencia del país y sobre todo el código de trabajo.
3. Exigencia del cumplimiento estricto de la contratación de mano de obra extranjera, especialmente el artículo 135 del código de trabajo, que demanda que por lo menos el 80% tiene que ser mano de obra doméstica y 20% mano de obra foránea y los artículos sobre pensiones, salud, riesgo laboral y formación técnica de la Ley 87-01 de seguridad social.
4. Participación de las instituciones estatales y públicas en la institucionalización de los contratos de trabajo de inmigrantes en construcciones.
5. Respaldo a la institucionalización y concertación  de entidades religiosas, cívicas y académicas tales como: la Cumbre Binacional Dominico-Haitiana de organizaciones cívicas, religiosas, populares, y académicas; Consejo Binacional  de empresarios Quisqueya; Cumbre Nacional de organizaciones sobre las relaciones dominico-haitianas, Foro dominico-haitiano sobre relaciones de cooperación dominico-haitianas y protección de derechos de inmigrantes haitianos y dominico-haitianos.
6. Promoción de monitoreo y estudios acerca de los inmigrantes extranjeros y personas nacidas en territorio dominicano de padres extranjeros.
7. Rendición de cuentas del  Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Propuesta para el Gobierno Haitiano:

1. Exhortación de que las autoridades haitianas cumplan con los derechos humanos, nacionales o migratorios.
2. Los organismos correspondientes del hermano país deben asumir su responsabilidad entregando la documentación necesaria y oportuna a aquellos ciudadanos elegibles para completar su proceso de regularización.
3. El Gobierno y autoridades haitianas deben hacer un mayor esfuerzo para dar mayores facilidades a sus nacionales  afectados por el Plan de Regularización y Naturalización a fin de contribuir  la mayor cantidad de afectados puedan lograr resolver su situación irregular en República